Garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas, públicas o privadas, es transcendente para el funcionamiento del Estado, o de nuestra sociedad y ciudadanos. Este tipo de instalaciones son las que proporcionan los servicios esenciales a la ciudadanía (servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas), y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que la perturbación, interrupción o destrucción de dichas instalaciones tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. En este ámbito se integran organismos que operan en sectores como telecomunicaciones, energía, transporte, financiero, etc.
Dada la importancia estratégica de estas infraestructuras, suelen convertirse blancos principales de los actos terroristas o acciones delictivas. Por ello, en España, las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras críticas se enmarcan principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas y, especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del Interior. La legislación española sobre protección de infraestructuras críticas, establece la necesidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios esenciales, a través de mecanismos que posibiliten la seguridad de este tipo de infraestructuras, tarea encomendada al CNPIC, que asiste al Secretario de Estado de Seguridad en sus funciones.